El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado junto a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y el presidente de la Organización Médica Colegial, Dr. Serafín Romero, la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a las agresiones a los profesionales de la salud.

Zoido remarcó que a través de esta instrucción se pone en marcha un Protocolo de actuación de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad que, por primera vez, contempla la figura del “Interlocutor Policial Territorial Sanitario”. Expertos designados por la Policía Nacional y la Guardia Civil coordinarán, desarrollarán y ejecutaran las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario en el ámbito territorial que les se apropio. Una figura policial encargada de mantener la comunicación fluida y regular, que según el ministro, “ayudará a alcanzar mayores cuotas de confianza por parte de las victimas a la hora de acudir a la policía para efectuar una denuncia. Asimismo, afirmó que dará respuesta “a una doble problemática. De un lado, a la personal, porque afecta a la seguridad e integridad de los sanitarios y de otro, a la social, porque repercute negativamente en la función que prestan los sanitarios a la sociedad”.

Por otro lado, la ministra de Sanidad, destacó que está trabajando en la creación de un sistema de información de agresiones del Sistema Nacional de Salud. El objetivo-especificó- es triple: reunir todos los datos de agresiones de todas las profesiones sanitarias que están recogidas en los registros de los servicios de salud autonómicos, identificar los puntos críticos y elaborar un mapa de riesgo de agresiones. Y, sobre todo, elaborar una evaluación periódica de los incidentes de los incidentes recogidos y de las medidas adoptadas.

Finalmente, el presidente de la Organización Médica Colegial, Dr. Serafín Romero, concluyó reiterando que “a pesar de los logros conseguidos, con la modificación del Código Penal, la implicación del Ministerio de Sanidad y el compromiso de las comunidades autónomas, vamos a seguir insistiendo para que las agresiones a los médicos tengan la misma consideración independientemente que se ejerza en el ámbito público o el privado”.